OCTAVO ANIVERSARIO
15 de octubre de 2003
Declaración de los pueblos y comunidades integrantes del sistema regional de justicia comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, a ocho años del ejercicio legítimo de su derecho a la justicia.
Los que suscribimos, autoridades comunitarias: comisarios municipales, comisariados de bienes comunales y ejidales, policías comunitarios, organizaciones sociales y ciudadanos en general, reunidos en la comunidad Na Savi de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, Gro., con motivo del Octavo Aniversario de la Creación de la Policía Comunitaria, emitimos la presente
Declaración
Nos hemos organizado para decirles y demostrarles a quienes pisotean nuestra dignidad y violan nuestros derechos humanos colectivos e individuales, que somos ahora más de 50 comunidades Na Savi, Me'e Phaa, mexicanas, mestizas y afromestizas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc y Copanatoyac. Hemos sido obligados a defendernos y a organizarnos ante tanta injusticia, inseguridad, violencia, impunidad y corrupción, cometida en contra de nuestros pueblos, por parte de las autoridades en quiénes habíamos depositado nuestra confianza plena para buscar solución a nuestros múltiples problemas sociales y demandas de justicia.
No nos estamos rebelando en contra del gobierno y las instituciones como algunos, de manera dolosa pretenden distorsionar este Proyecto. Lo que hacemos es ejercer plenamente nuestros derechos para mostrarle al gobierno y a las instituciones que es posible vivir en una sociedad plural, respetando también nuestras instituciones como lo es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria. Debemos aprender a relacionarnos sin soberbia, sin sentido de superioridad e inferioridad y con un espíritu de coordinación, de respeto, de lucha contra los problemas que aquejan a nuestra región y a nuestra población independientemente de que seamos indígenas o no.
Los problemas que nuestra Organización Comunitaria ha podido combatir como lo es la delincuencia, la falta de justicia, son problemas que aún existen en otras regiones indígenas y mestizas.
Hay razones sociales que nos disponen a luchar conjuntamente con el gobierno y las instituciones para superarlas, como lo es la pobreza, la falta de escuelas y el rezago educativo, la falta de espacios para cuidar la salud, la falta de recursos para hacer producir nuestras tierras, la falta de caminos y carreteras, etc.. En eso demandamos la coordinaciòn con las instituciones, las dependencias, las organizaciones sociales, que estén de acuerdo en caminar juntos para hacer fructificar nuestras ideas. En definitiva, queremos relacionarnos como humanos, como iguales, porque eso somos.
La adversidad y la organización nos ha enseñado a valorar nuestras propias raíces, de las cuales hemos sacado soluciones concretas a problemas concretos. Las estadísticas que conocemos hablan por si solas: de 1992 a 1995 vivimos a diario los asaltos a mano armada, las violaciones a las señoras y niñas, homicidios cometidos en los caminos y un gran número de casos de robo de ganado. Todos estos sufrimientos nunca fueron investigados y mucho menos castigados por las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. Esta realidad nos condujo a pensar que las autoridades han abusado de la confianza que le brinda la ciudadanía. Sus intereses no necesariamente son los intereses de nuestros pueblos y comunidades y, además, no han tenido la sensibilidad suficiente para entender la problemática delictiva de la región y atacar con eficacia a la delincuencia organizada.
La falta de respuesta comprometida y responsable de las autoridades oficiales, nos obligó a los pueblos Na Savi y Me'e Phaa de la región a hacer uso de nuestros derechos fundamentales consagrados en las leyes del país, retomando nuestras propias formas de darnos la justicia. Decidimos, bajo una sólida organización y un proyecto Comunitario, garantizar nosotros mismos la seguridad y la justicia que clamaban nuestras familias, nuestras mujeres y nuestros niños.
Consideramos que esto ha servido a nuestra población. Una prueba de ello es que hoy estamos celebrando con entusiasmo nuestro octavo aniversario, un nuevo periodo de vida de nuestros pueblos. Como ejemplo de los servicios que prestamos, podemos decir, que sólo en lo que va de este año se han recibido alrededor de 215 demandas, de las cuales 110 se han resuelto por medio de la conciliación. De la totalidad de personas que se han tenido que detener, 58 han sido liberados y 25 siguen detenidos en proceso de reeducación. 22 asuntos están pendientes de resolverse.
Nuestro pasado nos hace recordar y ver hacia adelante. Es preciso recordar todos los padecimientos que hemos pasado, rememorar los compañeros y personas que dieron los primeros pasos de este gran camino y que hoy ya no pueden estar, pero que en la vida y en la historia de esta organización siempre estarán presentes.
Con nuestro trabajo queremos decirle al gobierno y a toda la sociedad guerrerense y mexicana que nos respeten como pueblos Na Savi ;y Me'e Phaa, que formamos parte integral de esta gran nación, que nuestros valores y cultura están vinculadas a la rica identidad de los guerrerenses. Hemos contribuido grandemente desde hace siglos, al desarrollo y pluralidad de nuestra sociedad, asumiendo siempre nuestro compromiso de buscar el bienestar de nuestros pueblos en lo que nos toca, articulando nuestras acciones a una visión del mundo donde los hombres y mujeres tenemos que relacionarnos con respeto y con un sentido de servicio.
Le recordamos a las autoridades estatales y federales que nosotros los Na Savi y Me'e Phaa somos pueblos originarios de este continente y que en la conformación de nuestra nacionalidad somos iguales en derechos que el resto de los mexicanos, y dentro de estos, se encuentra el derecho a ser diferentes y a ser respetados como tales.
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Queremos manifestar nuestra preocupación y malestar, porque persisten realidades indignantes en las regiones de nuestro estado en las que habitamos pueblos indígenas, en donde hay un severo empobrecimiento y condiciones de vida sumamente deplorables. La privación a nuestros derechos humamos y libertades fundamentales es practica frecuente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y militares. Por el abuso y discriminación de las autoridades se nos despoja de nuestros bienes, de nuestra libertad, se nos priva del derecho de ejercer con libertad un modo de vida propio fundado en la pluriculturalidad, que fortalezca nuestro derecho comunitario, que satisfaga nuestras necesidades e intereses, apuntando siempre al bienestar colectivo y al desarrollo de nuestros pueblos.
Nuestro proyecto de la seguridad comunitaria, implica la prevención y persecución del delito, en tanto que la impartición de justicia, conlleva a la sanción-reeducación de los delitos por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
El sistema de justicia que hemos retomado de nuestra historia e implementado en esta región se sustenta en los antecedentes y agravios que hemos padecido y que ya hemos referido en las garantías que nos otorga la Constitución Política Federal en sus artículos 39, 2, 27, 115, 133 y demás relativos y aplicables, así como en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; es decir, se encuentra constituido como un sistema de justicia interno que ha garantizado la seguridad de nuestros pueblos y la reeducación de quienes comenten delitos.
Aún con todo este fundamento legal a nuestro favor, hemos sido objeto de desprestigio doloso, de detenciones, de criterios difamantes y últimamente los propios delincuentes avalados por las autoridades de impartición y administración de justicia locales, nos han involucrado en juicios penales y de amparo, varios compañeros han sido objeto de represión y han sido encarcelados injustamente.
Sobre alguno de nuestros comisarios y comandantes tanto de la coordinadora como de la policía comunitaria pesan varias ordenes de aprehensión que están pendientes de ejecución.
A todo esto, nosotros hemos respondido con llamados a la coordinación, al respeto mutuo, a pesar de que somos nosotros los que estamos luchando efectivamente contra la delincuencia y a pesar de que el propio gobierno a través de sus instancias de autoridad y sus medios de comunicación, nos han atacado de manera permanente.
Los jueces locales y ministerios públicos, sin salir de sus esquemas monolíticos y legalistas, pronuncian resoluciones a favor de los delincuentes que fueron procesados por nuestra institución comunitaria, sin entender el ambiente comunitario e interpretando muy a su manera nuestros sistemas jurídicos, al sostener que nuestra normatividad no respalda la detención de algún individuo que se ha considerado probable responsable de algún delito. Sin embargo el espíritu de estas leyes van más allá de un simple criterio de interpretación.
La Constitución Federal advierte de manera clara que nuestra Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas y que, entre otros derechos que nos reconoce, está el de la protección y promoción de nuestras lenguas, cultura, derecho comunitario, recursos y formas de organización social, debiendo garantizar a nuestros pueblos el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.
No dejaremos de recordarle al gobierno federal que a nivel mundial, en diciembre de 1994, en la declaración de principios de la Cumbre de las Américas se comprometió a garantizar el ejercicio de los derechos democráticos y el acceso a los servicios sociales para los pueblos indígenas y sus comunidades.
Que no se le olvide que este compromiso internacional no ha logrado hacer eco en nuestro país ni en nuestro Estado, por el contrario prevalecen las desigualdades sociales, la discriminación, el desprecio y la desvaloración de nuestra vida y nuestra cultura. Se nos califica como intransigentes y se nos tacha de ingenuos, como seres inferiores y menores de edad. Nos negamos a seguir siendo los pueblos y personas subordinadas a un grupo dominante en el que se encuentran algunas autoridades que nos desprecian ;y nos explotan. Nos oponemos a seguir siendo objetos de sus burlas y los abusos de las autoridades que están llamadas a hacer cumplir la ley. Exigimos ser sujetos de derecho y constructores de nuestro destino.
Hoy más que nunca, en este octavo aniversario de la Policía Comunitaria, está vigente el lema que hemos elegido como bandera: El respeto a nuestros derechos, será justicia.
Atentamente
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria