CAMPAMENTO GENERAL ENRIQUE RODRÍGUEZ CRUZ, MUNICIPIO DE MARQUELIA REGIÓN COSTA CHICA, GUERRERO A 14 DE OCTUBRE DE 2009.
XIV ANIVERSARIO DE LA POLICÍA COMUNITARIA

MESA 6: “RELACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA COMUNITARIA CON EL ESTADO”

Temas abordados:
a) Reconocimiento o respeto a la Policía Comunitaria
b) Cancelación de las órdenes de aprehensión y procesos judiciales.

Esta mesa de trabajo retoma las propuestas de sus integrantes concluyendo que la Policía Comunitaria fue creada por usos y costumbres de todos los pueblos indígenas, que coinciden en recuperar la verdadera impartición de justicia, donde se reivindica los valores cívicos, morales y humanistas, basado en la legalidad y justicia del ser humano en general.

El proyecto de la Policía Comunitaria nació debido el alto índice delictivo en la región. Su problema central fue la mala impartición de justicia y violación de los derechos humanos de la sociedad por el gobierno a través de sus distintos grupos policiacos como la policía municipal, estatal y federal y, particularmente del ejército, elementos todos causantes de la inseguridad que defienden a quienes tienen dinero, legitimando la corrupción y un desastre humillante con total carencia de justicia para la clase pobre y desprotegida. Es por eso que la CRAC, rescata en su sanción a quien incide en actos delictivos mediante la reeducación, principio que favorece el conocimiento de superación personal y colectiva de quienes tienen esta experiencia jurídica. Por tal motivo, la CRAC no puede ni debe tener una relación institucional con el Estado porque ésta sería una trampa para deslegitimar su esencia popular, puesto que nace en el pueblo y para el pueblo. En este sentido, su relación es directa con sus pueblos, haciendo de este proyecto un ejemplo de justicia para todos los pueblos y generaciones venideras, en todo nuestro estado y en el país.

El Estado, con la indudable tarea de exterminar este proyecto comunitario, que ha tenido grandes frutos en la impartición real de justicia, argumenta que la Policía Comunitaria es ilegal. Nosotros decimos que ilegal es el gobierno que persigue, encarcela y asesina a los luchadores sociales, y para ello se escuda en los cuerpos policiacos y en el ejercito que violan mujeres, dañan a niños y niñas, ancianos y roban los poco bienes de las comunidades pobres y marginadas; igual que Felipe Calderón entrega nuestros recursos naturales a Estados Unidos y a otros países ricos, en Guerrero Zeferino Torreblanca Galindo sólo es amigo de los grandes empresarios y detesta a los pobres, negándoles sus derechos que por historia les corresponden. Entonces, con estos antecedentes que nos avergüenzan le preguntamos al gobierno ¿quién es ilegal?

La Policía Comunitaria tendrá que sociabilizar su proyecto popular de impartición de justicia en todo el estado de Guerrero y en el país porque no están solos: existe el Congreso Nacional Indígena, redes comunitarias, organizaciones sociales, magisteriales, estudiantiles, las Juntas de Buen Gobierno de Chiapas, el municipio autónomo San Juan Copala, Oaxaca, y el pueblo en general, que tienen la obligación moral y ética de defender este proyecto, explicar y difundir su contenido netamente comunitario.

Nos queda claro que los diputados y senadores encargados de hacer o renovar las leyes no toman en cuenta a los pueblos indígenas, ni a la sociedad en general, puesto que en la realidad no nos representan ya que no surgieron por mandato del pueblo, sino impuestos por grupos de poder representados por los partidos políticos, para defenderse todos ellos juntos, como una sola familia que atenta contra nuestro patrimonio nacional, que son nuestros recursos naturales y la explotación del trabajo, pues desean seguir explotando a nuestro pueblo a través de una educación que convenga a los actuales dueños del poder político y económico.

En este momento histórico se requiere de la unidad de todos los pueblos indígenas y no indígenas, de todos los sectores sociales inconformes con este mal gobierno.

En lo  que se refiere a la Policía Comunitaria, es importante aclarar, que este proyecto no necesita el reconocimiento del gobierno, porque basta y sobra que el pueblo lo avale y lo respete, ya que nació con él y para él. Sin embargo, Ángel Aguirre Rivero cuando fue gobernador del estado públicamente reconoció a la Policía Comunitaria, así mismo, entregó armamento para su uso como un respeto expresado por el gobierno a una organización creada por el pueblo. Esto quiere decir que el respeto no se mendiga, se gana por los bueno actos como el respeto cotidiano a hombres y mujeres que se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Policía Comunitaria debe de ser cuidada por todo el pueblo y multiplicarse por todo nuestro estado, masificando su esencia, funcionamiento y crecimiento para fortalecer su territorio y su sustento popular.

Los representantes de la CRAC deben de impulsar la creación de una comisión de fundadores para redactar y editar los principios básicos para lo cual fue creada en Guerrero. Esto nos obliga a decir en resumen lo siguiente:

La relación institucional con el estado no existe ni la requerimos, porque el pueblo es libre y soberano como lo mandatan los artículos 2 y 39 constitucional. Por eso tenemos el derecho a organizarnos y crear nuestras propias formas de gobierno.

En lo que se refiere a las órdenes de aprehensión de los representantes de la Policía Comunitaria, éstas son la evidencia de un gobierno que no defiende al pueblo sino que lo reprime; el ejemplo es claro y concreto: llama la atención que un gobierno priista reconoció a la Policía Comunitaria y un gobierno perredista intenta desaparecerla. Comprobamos que esta experiencia de justicia comunitaria rebasó ya a la seguridad pública oficial que más que seguridad es una escandalosa inseguridad. Entonces, la represión jurídica del gobierno a los representantes de la Policía Comunitaria es una lógica venganza al ser rechazados por todo el pueblo.

De acuerdo con todo lo anterior se propone:

1.- Exigir el respeto y no el reconocimiento a la justicia comunitaria por parte de todas las instancias de gobierno, en el marco de los artículos 2 y 39 constitucional, así como del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

2.- Crear un Ombudsman independiente que vigile y de fé que la justicia comunitaria en ningún sentido atenta contra los derechos humanos de los detenidos y procesados por el poder comunitario.

3.-Convocar a la sociedad en general para que se organice y ejerza su derecho colectivo y que, así como aquí existe la Policía Comunitaria, es deseable que en el medio urbano se cree la policía barrial siempre bajo el mando directo del pueblo organizado.

4.-Que el poder comunitario profundice, afine y multiplique el proceso de justicia cuyo mando supremo es la Asamblea General de los Pueblos.