Informe de la Coordinadora de Autoridades Indígenas

Privación de la libertad, la acusación más frecuente contra policías comunitarios

El Sur
14 de febrero de 2002

Con dolo, el Ministerio Público da trámite a denuncias hechas por delincuentes que fueron sujetos a procesos de reeducación por la organización indígena, explica

Karina Contreras Dieciocho policías comunitarios tienen órdenes de aprehensión por diversos delitos, y tres de ellos tienen dos órdenes, de acuerdo con una relación que elaboró la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica, en la que se muestra con detalle las acusaciones que van desde privación ilegal de la libertad, violación, abuso de autoridad hasta allanamiento de morada.
En el documento se dice que varios de ellos han sido denunciados en más de una ocasión, porque “han fungido como comisarios municipales o comandantes de la Policía Comunitaria”. Se señala también que la mayoría de los “agraviados”, quienes acusan a los policías indígenas, son personas que han estado sujetas a procesos de reeducación a cargo de la organización. Se agrega que una vez que son liberados acuden a interponer sus denuncias ante las agencias del Ministerio Público, quien con dolo les da trámite.
Se manifiesta que el Ministerio Público del lugar tiene conocimiento de que esas personas han estado detenidas por haber cometido un delito y han sido sancionados por la Policía Comunitaria de acuerdo a las tradiciones y prácticas jurídicas de los pueblos indígenas.
Los acusados por la privación  de la libertad son: Casimiro Soto Cantú, Eustorgio Antonio, Leandro Calleja Natividad, Jesús Carranza Rojas, Vicente Aguilar Díaz (también fue acusado de violación por la que tiene pendiente una orden de aprehensión), Agustín Barrera Cosme, Marciano Martínez Moreno, Ladislao Evangelista Moreno, Gelasio Barrera Quintero (tiene dos acusaciones una hecha por Emiliano González y la otra por Margarito Morán, en la primera está pendiente la orden de aprehensión y en la segunda está libre bajo caución), Juan Linares Garzón, Faustino Pacheco Guzmán, Isaías Guadalupe González y Feliciano Angel Galindo.
Por violación fue acusado Bruno Plácido Valerio, quien salió libre por falta de elementos para procesarlo, ya que las supuestas agraviadas declararon ante el juez mixto que “ellas no declararon nada” y que fueron engañadas por personal de la Coordinación Regional  de los Derechos Humanos de Ometepec para firmar documentos en blanco.
Flaviano Cano González, Nemorio Galeana Bolaños y Edilberto Rodríguez Villegas fueron acusados por abuso de autoridad. Todos tienen pendientes la orden de aprehensión en San Luis Acatlán.