Cinco dirigentes indígenas tienen orden de aprehensión

Denuncia la Policía Comunitaria agresiones del gobierno estatal

El Sur Nº. 1567
5 de junio de 2001
Pág. 5

Señala que la Procuraduría General de Justicia del Estado atiende las quejas de los delincuentes que han sido sometidos a procesos de reeducación y los utiliza para obstaculizar el trabajo de la corporación indígena que funciona en comunidades de Malinaltepec, San Luis Acatlán y Azoyú.

La Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, que agrupa a las policías comunitarias de los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán y Azoyú, denunció que el gobierno estatal persiste en el hostigamiento y agresiones contra sus integrantes.
Señala que estas agresiones se manifiestan en hechos como la “desinformación a las comunidades que servimos, en acciones de intimidación a nuestros compañeros por parte de autoridades militares, policíacas y judiciales y, últimamente, en la aprehensiones basadas en denuncias y acusaciones dolosas de personas que han estado sujetas a procesos de reeducación a cargo de nuestra organización comunitaria”.
En un boletín de prensa, la organización, que tiene su sede en San Luis Acatlán, informó que ha pedido de solución al presidente Fox, a la comisionada de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Galvez, al titular del Instituto Nacional Indigenista (INI), Marcos Matías Alonso, al gobernador René Juárez Cisneros, al supremo Tribunal de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia “sin encontrar una respuesta consistente para la cancelación definitiva de las órdenes de aprehensión, averiguaciones previas y causas penales” abiertas  en contra de miembros de la Coordinadora.
El comunicado detalla que sólo en mayo pasado, cinco policías comunitarios enfrentaron órdenes de aprehensión. Explica que acudieron con Alfredo Sánchez Sánchez, juez mixto de primera instancia con sede en Malinaltepec, para conocer el estado de las órdenes de aprehensión giradas en contra de Leandro Calleja Natividad, Vicente Aguilar Díaz, Jesús Carranza Rojas, Casimiro Soto Cantú y Eustorgio Antonio, miembros de la Policía Comunitaria, tras una acusación de Pedro Cantú Aburto por el delito de privación ilegal de su libertad personal. La Policía Comunitaria rechaza que esa persona haya sido ilegalmente privado de su libertad, cuando, del 11 de julio de 1998 al 23 de enero de 2000, fue sometido a un “proceso de reeducación” por parte de las autoridades indígenas como responsable de los delitos de asalto, violación, robo, difamación y amenaza a las autoridades.
De esas órdenes de aprehensión, tres quedan pendientes y dos ya han sido ejecutadas: las de Casimiro Soto Cantú, que ya quedó libre bajo fianza, y Eustorgio Antonio.
Las denuncias de esta naturaleza en contra de miembros de la Policía Comunitaria, señala el comunicado, es un recurso frecuente de personas que han estado sujetas a los procesos de reeducación y que, para desquitarse, fabrican delitos a los policías comunitarios.
Adicionalmente a esta situación, se expresa en el comunicado, la autoridad judicial no notifica anticipadamente a la Policía Comunitaria de las órdenes de aprehensión, averiguaciones previas y causas penales en su contra sino hasta que son detenidos los presuntos responsables.
Esta situación marca el incumplimiento, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de un acuerdo firmado el 31 de julio del año pasado con la Policía Comunitaria, en el que se compromete a que, antes de iniciar una averiguación previa por asuntos relacionados con esta corporación indígena, el Ministerio Público deberá avisar al director de Asuntos Indígenas y a la Dirección General de Averiguaciones Previas “para que reciban instrucciones sobre el particular”.
La Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria señalan que no entienden por qué las instancias de impartición de justicia del estado apoyan “expeditamente a delincuentes a quienes se les ha comprobado su delito” y al mismo tiempo no respaldan “acciones como la que desarrolla nuestra organización, ya no con recursos o apoyos logísticos, sino simplemente con no obstaculizar nuestra labor”.
Lo que causa más preocupación para las autoridades indígenas, junto con el bloqueo a las actividades de sus policías, dice el boletín, “es el silencio de las altas autoridades” a las que se ha expuesto la situación, a pesar de que “la delincuencia ha disminuido en esta región de La Montaña y Costa Chica de Guerrero en los últimos cinco años gracias a la organización comunitaria”.
Pese a esto, señala el texto firmado por Valente Laureano Arellano, Leandro Calleja Natividad, Celestino Bravo Carbajal, Alfonso Bello González, Evodio Rosario Desiderio, Angel García Martínez, Carmen Remigio Santos, Narciso González Rojas y Melquiades García González, la criminalidad persiste, por lo que “no podemos distraernos además defendiéndonos de las propias autoridades que ahora nos atacan por haber retomado la función que desde siempre le ha correspondido a ellos y que nunca atendieron y que ahora que nosotros la hemos asumido por mandato de nuestros pueblos, nos obstaculizan y reprimen”.