Apoyan ciudadanos de San Luis Acatlán a la Policía Comunitaria

El Sur Nº1379
24 de octubre de 2000
Pág 6

Denuncian campaña contra la justicia indígena. Piden que el presidente municipal desmienta declaraciones calumniosas que ha hecho en los medios. Proponen acudir al Congreso del estado, al gobernador y al presidente de la República para que las autoridades respeten el sistema de seguridad pública que funciona desde hace cinco años

Maribel Gutiérrez, San Luis Acatlán. Ciudadanos de esta cabecera municipal, hombres y mujeres, con apariencia de clase media, muy diferentes a los campesinos mixtecos y tlapanecos de la Montaña, acudieron este lunes a defender la actuación de la Policía Comunitaria, incluso en esta localidad urbana y mestiza.
Como lo hicieron las comunidades indígenas hace cinco años, cuando se fundó la Policía Comunitaria, ante la ineficiencia o complicidad con los delincuentes de las autoridades de seguridad pública y justicia, ahora maestros y maestras, trabajadores, comerciantes, ganaderos y amas de casa pidieron en una reunión que se haga una encuesta entre la población de esta cabecera municipal para determinar si están de acuerdo en que en la ciudad sanluisteca funcione la corporación, originalmente indígena. Aseguran, por adelantado, que casi todos los habitantes aprueban a los comunitarios.
Entre los ciudadanos mestizos que coincidieron en el apoyo a la Policía Comunitaria están Leonardo García Meneses, representante de un comité de vecinos, y la profesora, ex síndica y priísta María Zúñiga Rizo.
La reunión se realizó a raíz de la campaña de ataques en los medios de comunicación contra la Policía Comunitaria, a la que presentaron en diversas notas la semana pasada como un grupo armado, similar al EPR o el ERPI, que tiene ilegalmente privadas de la libertad a varias personas, a las que somete a trabajos forzados y las tiene encadenadas. Los ataques en los medios, en notas periodísticas que tienen como fuente de información al presidente municipal, Abdías Acevedo Rojas, fueron la preparación para los más recientes hechos represivos: la detención del asesor Bruno Plácido Valerio, y del presidente del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Agustín Barrera Cosme, ambos liberados este viernes 20.
La Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria convocaron, además de la reunión con ciudadanos, a una conferencia de prensa a los medios locales y nacionales en los que han aparecido las informaciones que califican de calumniosas. Las autoridades indígenas pensaban que si esos medios como Televisa, El Sol de Acapulco, El Diario 17,  se habían interesado por publicar las notas contra la Policía Comunitaria, también se interesarían por la versión de los aludidos. Pero ninguno de los medios en los que han aparecido esas informaciones acudió a la conferencia de prensa. Las autoridades indígenas querían ejercer el derecho de réplica, y desmentir las versiones calumniosas en los medios donde se han publicado.
Propusieron en la reunión –que estuvo presidida por el auxiliar del comisario de Camalotillo, Gelasio Barrera Quintero; por el maestro de El Rincón, Apolonio Cruz; el comisario de El Carmen, Lázaro Santana; el comisario suplente de Buena Vista, Pedro Martínez Plácido; así como Bruno Plácido Valerio y Agustín Barrera Cosme–, buscar otras posibilidades para dar a conocer su posición. Pero, además, no dedicarse exclusivamente a desmentir, sino avanzar en sus tareas.
Para eso, se propuso en la reunión dar seguimiento en el Congreso local al planteamiento de la Policía Comunitaria, que tiene sustento legal en los usos y costumbres indígenas, en el artículo 39 de la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, para pedir el respeto a su sistema de seguridad pública y justicia nombrarán una comisión que busque entrevistarse con el gobernador René Juárez Cisneros y con el próximo presidente de la República, Vicente Fox.

El desmentido de la fuente
Las autoridades indígenas están muy preocupadas por la campaña de desinformación en los medios, sobre todo por su vinculación directa con hechos represivos, como la detención bajo acusaciones falsas de Bruno Plácido y Agustín Barrera.
Identifican el origen de las agresiones en la detención de un influyente ganadero, Emiliano González Navarrete, que estaba procesado por abigeato y se escapó de la Policía Comunitaria en mayo pasado. También identificaron la fuente de las notas periodísticas contra la policía indígena: el alcalde Abdías Acevedo Rojas.
Este domingo 22, representantes de las autoridades indígenas acudieron a reclamar al presidente municipal por sus declaraciones sin fundamento. Como resultado de la plática con el alcalde, éste les dijo que enviaría una carta aclaratoria al Diario 17, para desmentir que él haya calificado a la Policía Comunitaria de grupo armado.
También dijo que enviaría una tarjeta informativa al secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, en la que dice que él no declaró que la Policía Comunitaria sea un grupo armado con AK-47 y AR-15.
Según la versión que el mismo Acevedo entregó a los representantes indígenas, en la tarjeta dice que “lo que sí manifesté es que (la Policía Comunitaria) actúa fuera del margen jurídico, debido a que instruye a los detenidos un proceso de acuerdo a los usos y costumbres indígenas, lo cual es ilegal”. Califica de arbitrario el proceso que instruye a los detenidos la Policía Comunitaria.
También refiere que el ayuntamiento apoya a esa corporación con aproximadamente 46 mil pesos al mes, reconoce que la Policía Comunitaria da seguridad, y que con su actuación han disminuido los asaltos, violaciones, robos y el abigeato.
Dice que supo que en enero de este año la Policía Comunitaria liberó a 16 detenidos, y que actualmente tiene varios reos, pero no sabe el número.
Esperan que el desmentido de Acevedo Rojas mediante esa tarjeta sirva para aclarar e informar, ante la desinformación de la semana pasada. Pero no están de acuerdo con el calificativo de ilegal y arbitrario a su sistema de justicia, que se sustenta en la Constitución y las leyes.
Para la conferencia de prensa, las autoridades prepararon un informe acerca del origen y características de la Policía Comunitaria.
Señalan que actualmente está conformada por 42 comunidades tlapanecas, mixtecas y mestizas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú, explican sus bases legales, dan a conocer los resultados de cinco años de labores, y señalan que desde su surgimiento han tenido enemigos como los delincuentes entre los que señalan al poderoso abigeo Emiliano González Navarrete, y funcionarios entre los que señalan al represenyante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero con sede en Ometepec, Gerardo Perea Montaño, y a miembros de la clase política sanluisteca como el presidente municipal Abdías Acevedo Rojas.