Denuncia la Policía Comunitaria presiones contra la justicia indígena

El Sur Nº 1208
5 de abril de 2000
pág. 7

San Luis Acatlán y Malinaltepec. La detención de un presunto abigeo, influyente en el gobierno, provocó el desarme del grupo de Pueblo Hidalgo. Intentan el presidente municipal y el subprocurador de la Costa Chica que el MP se haga cargo de los reos, que están bajo custodia de las autoridades indígenas

A raíz de la detención de un presunto abigeo, la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán se enfrenta a presiones y amenazas del Ejército, del presidente municipal, del director de la Escuela Superior de Agricultura de la UAG, de la Subprocuraduría de Justicia en la Costa Chica y de la Policía Judicial.
Parte de esas presiones y ataques fue el desarme de la Policía Comunitaria de Pueblo Hidalgo, hecho por tropas del Ejército al mando del comandante del 49 Batallón de Infantería, el pasado 26 de marzo, informó el representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y Policía Comunitaria, Agustín Barrera Cosme.
Este martes 4 de abril tenían la presión del subprocurador de Justicia del estado en la región de la Costa Chica, Salvador Calleja Paniagua, quien insistía en tomar la declaración del detenido y de la persona que lo acusa, y advirtió que ya hay una denuncia contra la Policía Comunitaria por esta detención.
En los ataques a la Policía Comunitaria a raíz de la detención del ganadero y presunto abigeo Emiliano González Navarrete, el pasado 20 de marzo, se expresa un conflicto entre el sistema de procuración de justicia oficial y el sistema de justicia indígena que desde octubre de 1995 funciona en comunidades tlapanecas y mixtecas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú, que tiene como base las costumbres y tradiciones de los pueblos para resolver los problemas de la delincuencia y rehabilitar a los delincuentes.
El sistema de justicia indígena, que se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, firmado por el gobierno mexicano, no a sido plenamente reconocido por las autoridades oficiales del Ejército, del municipio, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en varias ocasiones han tratado de desconocer a la Policía Comunitaria y han acusado a las autoridades indígenas de tener “detenidos ilegalmente” a los reos que están en proceso de rehabilitación.
Por su parte, la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y Policía Comunitaria no acepta la intervención del Ministerio Público y de los jueces en los procesos que se abren a los detenidos, porque por acuerdo de los pueblos aquí funciona la justicia indígena.

Un detenido con vínculos con el poder
La detención que provocó los conflictos recientes es la de Emiliano González Navarrete, de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, que está encarcelado por la Policía Comunitaria desde el 20 de marzo, cuando fue detenido por un señalamiento directo de abigeato.
González Navarrete alega que es inocente, que él se ha dedicado a trabajar, y que es estudiante de la Escuela Superior de Agricultura de la UAG. Es considerado como un hombre “rico y famoso” en San Luis Acatlán, y “tiene controladas a las autoridades de aquí”, al presidente municipal, al agente del Ministerio Público y al Ejército, afirma Agustín Barrera Cosme.
El agraviado, Pablo Vera Alvarado, recurrió a la Policía Comunitaria para denunciar a un presunto cómplice de Emiliano González, Zacarías Lugardo Angel, como presunto responsable del robo de una vaca. Fue detenido por un grupo de 12 policías de las comunidades de El Carmen, Buena Vista, Capulín Chocolate y Coyul Chiquito, el sábado 18 de marzo.
Zacarías declaró que el responsable directo del abigeato es Emiliano González Navarrete, que lo contrató para participar en el robo de una vaca de Pablo Vera.
La Policía Comunitaria citó a declarar el lunes 20 de marzo a Emiliano y a su vaquero, Darío Raymundo Rómulo. Emiliano se presentó con su abogado, pero los policías comunitarios no permitieron la asistencia del defensor, porque “se aplican los usos y costumbres y no se permite ningún abogado”.
Quedó el detenido acompañado por su hermano, Javier González Navarrete, que es panadero y comisariado ejidal de San Luis Acatlán y antes fue presidente de la Asociación Ganadera, y con su madre, que es maestra.
En esa diligencia, Zacarías ratificó el señalamiento contra Emiliano, del robo de la vaca de más de 400 kilos con valor aproximado de 5 mil 500 pesos.
Emiliano y Darío niegan los hechos, y dicen que puden probar su inocencia. Para eso está abierta la investigación, que puede tardar de 15 días a un mes para determinar si es culpable y fijar la sentencia.
En estos días han llegado otras quejas por robo de ganado y presuntamente el responsable es el mismo Emiliano González Navarrete.
El detenido Zacarías Lugardo Angel declaró que en 1995 lo habían contratado para matar a Timoteo Vázquez, a quien le habían robado 19 cabezas de ganado, de las cuales dos fueron encontradas en el corral de Emiliano.
En 1997, la Policía Comunitaria recogió tres cabezas robadas de ganado vacuno y 30 de ganado caprino en el encierro de Emiliano en Pascala del Oro.
En esa ocasión Emiliano fue detenido por la Policía Comunitaria, que lo puso a disposición del Ministerio Público y de inmediato fue liberado.
Estos datos forman parte de la investigación que realiza la Policía Comunitaria, que podrían demostrar que Emiliano González Navarrete se ha dedicado al abigeato desde hace tiempo.

La intervención del Ejército
El 26 de marzo, siete policías comunitarios de Pueblo Hidalgo se encontraban en el crucero de Marquelia, adonde habían ido a cumplir una comisión para resguardar a unos empresarios de Oaxaca. Estaban esperando un camión que los llevara a su lugar de origen, cuando apareció el coronel Corona, comandante del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande.
Personalmente, el coronel Corona se acercó a los policías comunitarios, y se dirigió al comandante de Pueblo Hidalgo, que llevaba un rifle M-1 con mira telescópica. El coronel le dijo: “pesta el arma”. El comandante, que es indígena tlapaneco, no entendió, y no la entregó, al contrario, la detuvo en sus manos con más fuerza. El coronel ordenó entonces el desarme del comandante y de otros seis policías comunitarios de Pueblo Hidalgo.
Les quitaron seis armas largas: un M-1, una escopeta chaquetera 12, un M-2 y tres escopetas de un tiro calibre 20 y 16.
El representante de la Policía Comunitaria afirma que el desarme de sus compañeros Pueblo Hidalgo tiene que ver con la detención del presunto abigeo. Dice que el coronel del 48 Batallón actuó contra la Policía Comunitaria por influencia del presunto abigero, que es hermano de un capitán del Ejército, Carlos González Navarrete.
Al día siguiente fueron al cuartel del Batallón de Cruz Grande a reclamar las armas el síndico de San Luis Acatlán, José Antonio López Lezama, el comisario de Pueblo Hidalgo, Juan Linares Garzón, el comisariado de bienes comunales, Taurino Villegas Simón y el presidente del Comité de la Policía Comunitaria, Agustín Barrera Cosme.
El coronel dijo que para que les devuelvan las armas deben cumplir los requisitos, pero sólo les pueden autorizar escopetas de un tiro calibre 22. Además, advirtió que el Ejército va a hacer una revisión del armamento a toda la Policía Comunitaria.
Los representantes indígenas consideran inaceptable lo que plantea el coronel, porque ¿cómo van a trabajar con escopetas de un tiro, cuando los delincuentes tienen AR-15 y cuernos de chivo?
Finalmente, el coronel se comprometió a hablar con sus superiores al día siguiente para analizar la demanda del regreso de las armas, pero no ha dado a conocer la respuesta.

El alcalde, el subprocurador, el director de la ESA
En una reunión realizada en San Luis Acatlán el lunes 3 de abril, el presidente municipal, Abdías Acevedo, pidió que se traslade al reo a la cabecera municipal, para que el agente del MP o el juez de paz determine su situación jurídica, y afirma que son inocentes.
Acevedo planteó a los policías comunitarios que a la gente de San Luis no le pueden dar un trato como pueblos indígenas, dice que la Policía Comunitaria no tiene porqué meterse con la gente de San Luis, que son mestizos.
Por su parte, en una reunión de participación ciudadana, el 24 de marzo, el director de la Escuela Superior de Agricultura, Mario Altamirano, amenazó con que si no liberan a Emiliano va a reunir 5 mil estudiantes para rescatarlo, porque no está comprobado su delito.
En la reunión del 3 de abril en San Luis Acatlán, el subprocurador Salvador Calleja Paniagua planteó que iría a tomar la declaración a los reos, que están presos en la comunidad de Tilapa. La dirección de la Policía Comunitaria aceptó: “No podemos cerrarnos, podemos aplicar la averiguación previa de manera conjunta, pero quien determine debe ser la Policía Comunitaria”, manifestó Agustín Barrera Cosme.
Informó que la tensión se mantiene contra la Policía Comunitaria, y que grupos de la Policía Judicial dan vueltas constantemente por la oficina de la Policía Comunitaria. Esto se considera como una amenaza, señaló Agustín Barrera Cosme.
Además, hay rumores de que los familiares de Emiliano están organizando personas armadas para ir a atacar a la Policía Comunitaria de Tilapa y rescatar al reo.
En los últimos días, han llegado amparos de un juzgado federal de Acapulco, contra la detención de Emiliano y de Darío y de otro preso, Tomás Vázquez Aldama. (Maribel Gutiérrez).