Un juez contra la policía comunitaria y contra el ayuntamiento sanluisteco

El Sur Nº 784
Jueves 28 de enero de 1999
pág.10

Los primeros días de enero, el juez penal Domingo Martínez Altamirano, originario de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, presentó una queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero contra el ayuntamiento sanluisteco.
El juez acusó al síndico procurador, Francisco Rojas Vázquez, y al presidente municipal, Gerardo Reyes Ortega, de ordenar o autorizar a la Policía Comunitaria para reprimir a la gente que no es perredista y que no es de su religión.
El asesor legal del ayuntamiento, Francisco Mondragón Avila, contestó ese informe, refutando las acusaciones del juez, quien inclusive imputó a la Policía Comunitaria de Pasacala los homicidios de un menor y de un señor de esa comunidad, cuando está claro, que intervino este grupo porque los hijos del señor le pidieron auxilio para ir a recoger los cuerpos.
“Hay gente que no pierde detalle para poder atacar a la organización”, dijo el abogado, también secretario ejecutivo del Comité de Seguridad Pública Municipal.
–¿Porqué un juez penal hace la denuncia?
–El es originario de Pascala del Oro, tiene familiares ahí, y él interviene a favor de sus papás, de sus hermanos, ante la posibilidad de que sean detenidos por la Policía Comunitaria en cualquier momento, según ellos, por no ser perredistas, por ser priístas.
“Le dimos respuesta porque sus hermanos se han hecho conflictos con algunas personas de la comunidad y se sienten protegidos por él. Entonces, para probarle tuvimos que anexarle todas las constancias, actas levantadas de los hechos delictuosos que han cometido sus hermanos, como disparos de arma de fuego, amenazas a menores de edad con armas, etcétera.
“El hizo la queja como ciudadano, no como juez, pero por la investidura que tiene le hicimos notar, que al hacer esa acusación contra el presidente municipal y contra el síndico, sin tener pruebas fehacientes, es desconocer el derecho”.