Una denuncia por tortura abre un debate sobre la Policía Comunitaria

El Sur Nº 784
Jueves 28 de enero de 1999
pág. 24

Asamblea de pueblos indígenas en San Luis Acatlán. La intervención de la Policía Judicial en la investigación de un presunto caso de abigeato divide a comunidades

Maribel Gutiérrez, Buenavista, San Luis Acatlán.- La justicia indígena que se está impartiendo en la región tlapaneca y mixteca de La Costa Chica-Montaña desde hace más de un año, por primera vez se enfrenta a un conflicto interno, creado por el descontento en la comunidad de Buena Vista por la aprehensión de cinco integrantes de una red dedicada al robo de ganado, entre los que está un personaje con arraigo en el pueblo, uno de los más ricos, ganadero, que sabe leer y escribir y que durante más de 20 años ha sido secretario de la comisaría y ha ayudado a los habitantes a elaborar documentos y cartas.
Los detenidos acusan a la Policía Comunitaria de haberlos torturado. Y se despertó el descontento del pueblo de Buena Vista, uno de los iniciadores de la Policía Comunitaria, que organizaron estos grupos de auto protección y auto defensa con el interés de garantizar la seguridad pública y la justicia en beneficio de los pueblos, y a partir del cuestionamiento a la justicia mestiza.
La justicia de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos comenzó a aplicarse en esta región en noviembre de 1997, con base en la autonomía indígena reconocida en el Convenio 169 de la OIT y el artículo 39 de la Constitución. Desde entonces, la policía comunitaria que es pilar de la justicia indígena, las autoridades tlapanecas y mixtecas que la aplican y los pueblos que la respaldan, han sido atacados por el Ejército, por la Procuraduría General de Justicia del Estado y por autoridades y particulares que se sienten afectados por este sistema. Algunos se han quejado ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero ahora, por primera vez, los cuestionamientos vienen desde el interior de una comunidad, debido a que cinco detenidos señalados como integrantes de una red de robo de ganado, acusaron a los policías comunitarios de haberlos torturado.

Un juicio popular
Este sábado 24 de enero, en la primera asamblea de autoridades de 1999, se reunieron 32 comisarios y delegados, para renovar el comité de autoridades. Asistieron también autoridades agrarias, unos 200 policías comunitarios y el presidente del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Leandro Calleja Nativdad. También, representantes del Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, del Consejo de Autoridades Indígenas (Cain), de la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña y de la Unión Regional Campesina de Productores de Café y Maíz. Por parte del gobierno municipal, asistieron el síndico del ayuntamiento de San Luis Acatlán, Francisco Rojas Vázquez y el asesor legal, Francisco Mondragón Ávila, en representación del alcalde, Gerardo Reyes Ortega.
Primero se eligió la mesa directiva de la asamblea regional de autoridades, que era necesaria porque  a principios de enero cambian los comisarios municipales en las comunidades indígenas.
Pero el punto central del orden del día fue el problema de los detenidos de Buena Vista, que ha hecho peligrar el proyecto de la policía comunitaria. El punto fue tratado bajo la dirección de las nuevas autoridades.
La realización misma de la asamblea en esta comunidad, y la representatividad de los asistentes fue una buena señal. Dos convocatorias anteriores, en noviembre y en diciembre, en Potrerillo y en Iliatenco, para tratar el caso de los abigeos, habían fallado, por la inasistencia de los representantes de Buena Vista. Ahora, las autoridades de los pueblos vinieron hasta aquí, y ventilaron el problema.

Una historia de abigeato
Se leyó el expediente relacionado con los cinco abigeos, detenidos el 5 de noviembre de 1998. Primero, el acta de los hechos elaborada por los integrantes del comité ejecutivo de la Policía Comunitaria y después lo que declararon los detenidos.
Según el expediente, el 27 de octubre de 1998 la policía comunitaria recibió la denuncia de robo de dos vacas propiedad del ganadero Daniel Vázquez, de San Luis Acatlán, quien reportó que recibió informes de que sus animales fueron vistos en un camino hacia La Montaña, arreados por Crecencio González Josefa.
Los policías comunitarios fueron a interrogar a Crecencio, habitante de Arroyo Cumiapa, quien confesó el robo de dos vacas con sus crías, propiedad de Daniel Vázquez. Dijo que los animales estaban en Buena Vista, y denunció como sus cómplices a Emilio Zavala Mendoza y Rafael Cortés Serrano, y a don Alberto Vázquez como el ganadero que tenía en su rancho los animales.
Los policías comunitarios fueron a Buena Vista, interrogaron a los presuntos abigeos, quienes dijeron que entregaron el ganado a don Alberto Vázquez Mendoza, quien les ofreció 2 mil pesos por cada vaca.
Fue interrogado entonces Alberto Vázquez, y sus ranchos fueron inspeccionados por policías comunitarios, que no encontraron el ganado de Daniel Vázquez, pero sí otros animales marcados con distintos fierros y sin documentación. Lo presionaron para que dijera dónde están el ganado robado, y dijo que lo tenía otro ganadero, Maurilio Rafael Mendoza, que también fue detenido, porque en su rancho se encontraron varios animales robados, aunque no fueron halladas las vacas que originalmente denunció el ganadero de San Luis Acatlán.
Bajo presión, los policías comunitarios hicieron que los detenidos hablaran.
Después se supo que posiblemente permitieron la intervención de un grupo de la Policía Judicial de San Luis Acatlán, que llegó a petición del ganadero agraviado, quien se dio cuenta de que los policías indígenas no podrían arrancar la verdad a los acusados.
En la asamblea, el secretario del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Jesús Carranza Rojas, relató que después de que inspeccionaron los ranchos de Alberto Vázquez y Maurilio Rafael Mendoza, y encontraron varios animales robados, siguieron los interrogatorios y vieron que los detenidos se contradecían. Preguntaron por las tres vacas con sus crías, y Alberto dijo primero que ahí los tenía y después que los había matado y que había echado la carne al río.
Después, reconoció: “Para que dijeran la verdad los amenazamos, les dijimos que los íbamos a colgar, que les íbamos a echar muchos días de castigo”.
Los policías están dispuestos a que la asamblea de autoridades investigue a fondo los hechos, y las denuncias de tortura.
En tanto, el dueño del ganado robado, Daniel Vázquez, estuvo presente en la asamblea para decir que sólo quiere que le paguen sus animales, 20 mil pesos por cada vaca parida, o que se las devuelvan.
Dio antecedentes sobre la participación de don Alberto Vázquez en el abigeato. Dijo que hace un año le robaron un cemental de registro, que fue encontrado en el rancho de Alberto Vázquez. Y se quejó: “Cada año me roban ganado, primero unas mulas, después el toro, luego las vacas. Ya me tienen como palo del camino, que todo el mundo machetea”.

Presuntas torturas
En la asamblea todos sabían que la investigación y el castigo del robo de ganado seguía su curso. El problema ahora es el de las denuncias de tortura a los abigeos.
La indagatoria de la tortura quedó abierta. Para unos, lo más importante es evitar que con esas prácticas se desvíe el proyecto de la Policía Comunitaria, y para los mismos policías comunitarios y sus dirigentes, interesa demostrar que son falsas las denuncias que han hecho los detenidos.
El comisario de Buena Vista, Salomón Arellano Cano, rechazó la tortura como método de investigación de la Policía Comunitaria, y señaló que la información recabada con base en esos métodos no es confiable.
Otros participantes coincidieron en que cualquier detenido puede declarar cualquier cosa cuando es sometido a tormentos.
Se acordó traer a los detenidos ante el pleno, para que declararan frente a las autoridades.
Primero, el primer detenido, Crecencio González Josefa, dijo en idioma mixteco. “No sé nada de qué se trata, no sé porqué me agarraron”, y sobre el informe de la policía comunitaria, donde dice que él llevaba arreando las vacas y que delató a sus cómplices, agregó: “No es cierto, me están calumniando”.
Después habló don Alberto Vázquez, ganadero de 44 años. Relató que fue detenido por la policía comunitaria, y fue encerrado en la comisaría, donde llegaron los principales a hablar con él. Pidió que le mostraran una orden de aprehensión de las autoridades competentes, con lo que estaba cuestionando el sistema de justicia indígena.
Como no confesaba, dice que los hijos del ganadero Daniel Vázquez lo amenazaron: Tu no van a decir la verdad, sólo vas a hablar por medio de los golpes.
“Llamaron a la policía judicial. Me taparon la cara con dos bolsas de nylon, y amenazaron con matarme. Tenían un acta y me obligaron a firmarla. Al otro día llegaron los comandantes de la policía comunitaria y me llevaron a un ranchito. Me tenían como animal. Cada rato me sacaban del ranchito, me amenazaban para que dijera dónde están los animales. En el patio está una parota, de ahí me colgaron. Me llevaron detenido para matarme en el río, como que me querían aventar al río. Me llevaban con la pistola en la mano, apuntándome a la cabeza y con el cartucho cortado”.
Acusó al secretario del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Jesús Carranza, de amenazas. Según él, le dijo: Señor Alberto, usted ya no merece vivir. Aquí te vamos a matar y te vamos a tirar al río.
El detenido explicó: “Yo no sabía qué hacer y mandé traer a Maurilio para que me prestara unas vacas para entregarlas en lugar de las que buscaban”.
Pasó después ante las autoridades Emilio Zavala, que dijo que lo torturaron los policías comunitarios de Cuanacaxtitlán y de Yoloxóchitl: “Diez veces me echaron al agua. Me andaban matando”. Y se identificó: “Yo soy de un grupo de músicos, casi no salgo de mi pueblo, ni para ir a trabajar de peón. Confesé porque me andaban matando”.
También Maurilio Rafael dijo que fue amenazado y obligado a decir que tenía los animales.
Rafael Cortés Serrano, también fue sacado de la cárcel de la comisaría de Buena Vista, y ante la asamblea de autoridades dijo: “Rajé porque los policías me echaron a un pozo, en un arroyo”.
La investigación del robo de ganado igual que de la tortura, está abierta.
El síndico del ayuntamiento de San Luis Acatlán, Francisco Rojas Vázquez, pidió a los habitantes de Buena Vista que no se sientan ofendidos por la detención de los ganaderos de este lugar, y que permitan que la investigación se desarrolle con verdad. “Tuvimos capacidad para emprender este proyecto de justicia, y debemos tener capacidad para resolver los problemas internos de los indígenas. Es lógico que se cometan errores, y si la policía comunitaria ha practicado tortura, que se abra una investigación. En la impartición de justicia no vamos a copiar lo que siempre hemos criticado: al mestizo”.
Cirino Plácido, representante del Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, mixteco de esta comunidad, aclaró la posición de su pueblo, ciertamente ofendido por la tortura: “Tuvimos una asamblea ejidal el 29 de noviembre para analizar este problema. Nunca se dijo que estamos en contra de la policía comunitaria. Estamos en contra de la tortura. Exigimos una investigación. No estamos de acuerdo con que los hijos de Don Daniel hayan intervenido en la investigación, ni en que se haya puesto en manos de la policía judicial a los detenidos para que los hicieran confesar. Dijimos que si no se investigaba no seguiríamos en el proyecto de la Policía Comunitaria. Porque estamos en el proyecto de la Policía Comunitaria, pero no queremos que se siga cometiendo el mismo error que siempre hemos criticado en la justicia mestiza.

Caminos y montañas antes violentos en la zona cafetalera de La Montaña
El sábado 24 de enero se realizó una asamblea de autoridades de la región, en la comunidad mixteca de Buena Vista, ubicada en La Montaña, en el municipio de San Luis Acatlán, a más de tres horas de camino de la cabecera municipal.
Buena Vista es un hermoso poblado, de casas de adobe y teja, regadas en lomitas con vegetación de clima cálido, rodeadas de montañas altísimas casi siempre envueltas en nubes, en cuyas faldas están las huertas de café, el principal producto de los campesinos de este lugar.
Esta es una de las regiones de Guerrero más apartadas de los centros urbanos, y poco conocida por la gente de afuera, que difícilmente se imagina que entre las montañas verde encendido aparezcan comunidades de población numerosa, algunas de más de 6 mil habitantes como Pueblo Hidalgo, donde hay escuelas hasta preparatoria, o ésta, Buena Vista, que con sus anexos tiene cerca de 5 mil habitantes.
Según el estado de las brechas trazadas como serpientes que suben por las montañas, y de la carretera de terracería que va de Tlapa a Marquelia –cuya pavimentación ha sido anunciada como obra del gobierno varias veces, incluso por el presidente Ernesto Zedillo, pero nunca ha sido cumplida, que es la vía principal de acceso a la región, se recorre en por lo menos cinco horas el camino de Buena Vista a la costa.
El aislamiento de la región en que se encuentra ha hecho que Buena Vista haya sido una de las comunidades más afectadas por la inseguridad pública y la violencia en los caminos rurales, que sólo se detuvo cuando surgió la Policía Comunitaria, en 1995.
Entre los delitos, uno de los más frecuentes ha sido el abigeato, como en toda la Costa Chica, y una de las rutas de salida hacia La Montaña del ganado robado pasa cerca de Buena Vista.