"No queremos caer con la Policía Judicial ni con el Ministerio Público"

El Sur Nº 728
Del 27 de abril al 3 de mayo de 1998
pág. 14

Maribel Gutiérrez / Tilapa

El domingo 19 de abril, por la orilla de la carretera de San Luis Acatlán a Tilapa, van caminando dos reos custodiados por policías comunitarios.
Se enteraron de que funcionarios del gobierno iban a ir ese día, a pedir que las autoridades indígenas entregaran a los detenidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los reos manifestaron: “Que no nos lleven. Nosotros estamos de acuerdo en seguir aquí, porque cometimos una falta. No queremos caer con la Policía Judicial ni con el Ministerio Público”.
Son Evaristo Hernández, de 20 años, originario de Amola, Hidalgo, de ocupación chalán de albañil, con un salario de 270 pesos a la semana, y Emeterio Martínez, originario de Paraje Montero, Malinaltepec, Guerrero, de 24 años, carpintero y albañil, con salario de mil 300 pesos quincenales.
Según investigaciones de las autoridades indígenas, los reos formaban parte de una red organizada para realizar una cadena de robos en las comunidades de La Montaña.
En su primer intento asaltaron una casa en la comunidad de Xochiatenco, el pasado 2 de marzo. Sólo se robaron 30 pesos, pero como amenazaron a la dueña de la casa con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y se trataba de una red organizada para robar, la asamblea regional de comisarios los sentenció a un año tres meses de trabajo en favor de la comunidad, que realizan una semana en cada pueblo.
A su vez, las comunidades tienen la obligación de proteger a los reos, alimentarlos y procurar su reeducación. Para eso, el comisario de cada pueblo extiende una constancia del comportamiento de los detenidos durante el tiempo de trabajo en cada localidad, que servirá para disminuir la condena.
Los principales, los hombres más ancianos que concentran la sabiduría de cada comunidad, se reúnen para hablar con los reos y darles consejos.
Comisarios y dirigentes indígenas plantearon en la asamblea que este procedimiento es efectivo para que se extingan los delitos. Además, los niños se educan cuando preguntan a los mayores porqué están detenidas esas personas.
Después de cumplir la sentencia, los detenidos son entregados a su comunidad y a sus familiares.
Las 34 comunidades tlapanecas y mixtecas de esta región decidieron aplicar el derecho indígena ante el aumento de los delitos en la región: asaltos en carreteras, abigeato, violaciones y homicidios.
Con frecuencia, los agraviados y la Policía Comunitaria detenían a los delincuentes en flagrancia, y los entregaban a los agentes del Ministerio Público, y en dos o tres días quedaban en libertad y reincidían.
Los indígenas vieron que esa manera de impartir justicia no es efectiva, porque los detenidos eran liberados mediante el pago de una fianza, pero para reunir el dinero tenían que vender su cafetal, su casa y endeudarse, y por eso, al salir en libertad, reincidían rápidamente en el delito.
En cambio, con la aplicación de las costumbres tradicionales indígenas, el detenido no tienen que pagar dinero, paga con trabajo a la comunidad mientras “se reeduca”.
Las autoridades explicaron esta legalidad a los funcionarios, y cuando los subprocuradores les dijeron que ese procedimiento es ilegal, y que están violando los derechos humanos de los detenidos, un comisario contestó que quien viola los derechos humanos es la Policía Judicial, que los reos que pasan por los procedimientos del Ministerio Público salen torturados, golpeados, con toques eléctricos, amenazados y además sin tierras y endeudados. En cambio, con el procedimiento indígena, los reos salen sin problemas agregados a los que tenían al principio, y “con muchos consejos de los principales”.