Ante policías y funcionarios, insisten tlapanecos en aplicar su propia justicia

El Sur Nº 728
Del 27 de abril al 3 de mayo de 1998
pág. 11

Tilapa, Malinaltepec / Maribel Gutiérrez

Tensa reunión con autoridades indígenas en Malinaltepec
Con base en el derecho indígena, comunidades tlapanecas y mixtecas de la Costa Chica-Montaña están haciendo justicia para combatir los delitos. En los últimos seis meses, las policías comunitarias han detenido a 18 personas, que pagan los delitos con trabajo en favor de la comunidad, sentenciados por la asamblea de autoridades, por decisión de los pueblos.
El gobierno del estado reaccionó contra la decisión de los pueblos indígenas, y envió el domingo 19 de abril un equipo de subprocuradores, agentes del Ministerio Público, agentes de Gobernación, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, comandantes y policías judiciales y motorizados, para advertir a las autoridades indígenas que están actuando “fuera de la ley”.
Los funcionarios exigieron a los indígenas que liberen a los detenidos, que actualmente son ocho, también indígenas de la misma región, excepto uno. Amenazaron con órdenes de aprehensión contra los comisarios, y dijeron que podrán ser acusados de privar de la libertad ilegalmente a los presuntos delincuentes y de abuso de autoridad.
Las autoridades explicaron que no actúan fuera de la ley, sino amparados por el artículo 4º y 39 de la Constitución, y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos indígenas.
En la asamblea, por unanimidad decidieron seguir adelante con la aplicación de la justicia indígena, y que el pueblo defenderá a los comisarios a quienes la Procuraduría pretenda acusar.
También acordaron buscar el diálogo con el gobierno para exponer la decisión que han tomado en materia de justicia, y pedir respeto a sus derechos como pueblos indígenas.

Asamblea entre montañas

La comunidad tlapaneca de Tilapa, del municipio de Malinaltepec, localizada entre cimas de montañas cafetaleras de casi mil metros sobre el nivel del mar, a la mitad de la carretera que comunica la Costa Chica con La Montaña, de Marquelia a Tlapa, fue la sede de la asamblea del domingo 19 de abril.
Es un pueblo de unos 2 mil habitantes, pequeños productores de café, donde se conserva y se usa el idioma tlapaneco, pero ni las mujeres ni los hombres usan ya el vestido tradicional.
Aquí llegaron los comisarios tlapanecos y mixtecos de 35 comunidades, el comandante de la Policía Comunitaria, Gelasio Barrera, el coordinador, Bruno Plácido, y los 380 policías que son electos, armados y sostenidos por el pueblo y que realizan el trabajo sin recibir salario, pagando ellos sus viáticos y sus propios gastos.
También se reunieron los dirigentes de la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña, de la Unión Regional Campesina de la Costa Chica-Montaña, del Consejo de Autoridades Indígenas, y del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Asistieron además el presidente municipal de Malinaltepec, Melquiades Ramírez Avila, y el secretario general del ayuntamiento de San Luis Acatlán, Pedro Domínguez Nava, y otras autoridades de los dos ayuntamientos gobernados por el PRD, que apoyan a las autoridades indígenas.
Del lado del gobierno, encabezaron el contingente de visitantes el subprocurador de Justicia en la región de La Montaña, Joaquín Juárez Solano, y el subprocurador de la Costa Chica, Salvador Calleja Paniagua. También estuvieron el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Josafat Muñoz Bello.
Era prácticamente un “ejército” de policías y funcionarios, como dijo uno de los comisarios cuando criticó el despliegue de fuerza que hizo el gobierno del estado para estar presente en la reunión con indígenas en Tilapa.
El subprocurador de Tlapa dijo que vinieron invitados por el comisario de El Rincón. Y el comisario, Graciano Martínez, aclaró: “Lo invité para que oyera a las autoridades, porque él me pidió que liberáramos a los detenidos de Miahuichán”.

“Están haciendo justicia por propia mano”

En la asamblea, los funcionarios escucharon la información de los comisarios, autoridades de la policía comunitaria y dirigentes de las organizaciones sociales, que hablaron de la forma de justicia que está funcionando en la región. Explicaron que desde que funciona la Policía Comunitaria ya no hay asaltos en los caminos, y el abigeato se ha reducido en 60 por ciento, y explicaron el procedimiento que siguen con los delincuentes, con base en la tradición indígena.
El subprocurador Juárez Solano les dijo: “Vemos con buenos ojos a la Policía Comunitaria, pero no el procedimiento que ustedes están empleando contra los delincuentes. Para eso existe el poder Judicial y un poder Ejecutivo que a través de la Procuraduría investiga los delitos conforme a la ley. La ley dice que todo ciudadano tiene sus derechos”.
En ese momento, varias autoridades interrumpieron, desde su lugar en la asamblea, con ironía: “Sí, su derecho de robar”, “derechos de robar”, “de robar, de robar”, gritaban.
Y el funcionario siguió: “Tenemos qué apegarnos a la ley, los delincuentes tienen que pagar sus culpas conforme a la ley, y tienen derechos como el de otorgar una fianza para quedar en libertad si no son delitos graves.
“Ustedes no están para hacerse justicia por su propia mano. Los detenidos tienen todo el derecho de acusarlos a ustedes ante el Agente del Ministerio Público, por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad que ustedes están cometiendo, y los comisarios pueden ser aprehendidos por orden de un juez. De un delito, ustedes están cometiendo otro delito. Entre ustedes también hay delincuentes con órdenes de aprehensión”.
El funcionario leyó un manual de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el que los agentes del Ministerio Público capacitan a los comisarios, donde están los derechos humanos de los detenidos. Y propuso: “Para que ustedes no tengan problemas, los invito a poner en libertad a los detenidos, para que no continúen cometiendo el delito de privación de la libertad”.
Era evidente que funcionarios del gobierno y autoridades indígenas hablan idiomas distintos, aunque los funcionarios dijeron que también son indígenas de esta región.

Que no nos amenace el gobierno

El presidente de la Asamblea Regional de Comisarios, Juan González Rojas, manifestó: “No estamos fuera de la ley. Si nos quieren meter a la cárcel que nos metan a todos los comisarios y a todos los pueblos, a ver si cabemos”.
El comisario de Pueblo Hidalgo, Julio Rojas Reyes, intervino: “Los funcionarios aplican la ley de acuerdo a su conveniencia. El artículo 4º de la Constitución registra la costumbre jurídica de los pueblos indígenas, y esta ley no será burlada. Los funcionarios son irrespetuosos con nosotros.
“Soy una de las personas más afectadas. Hace dos años en Pueblo Hidalgo perdimos un paisano porque lo mataron los asaltantes. De Potrerillo del Rincón a San Luis Acatlán nos salieron los delincuentes y nos quitaron todo, en mi presencia violaron a una sobrina mía de 7 años, nos quitaron dinero, zapatos, pantalones, todo. Fuimos al Ministerio Público, y nos pedían dinero para la gasolina antes de ir a investigar.
“Desde que está la Policía Comunitaria, en 1995, no ha habido asaltos ni violaciones. Es una prueba de que está funcionando. Pedimos que los funcionarios no se opongan a la costumbre jurídica de los pueblos indígenas”.
Y Cirino Plácido, mixteco, de Buena Vista, dijo: “Aquí se están aplicando los usos y costumbres indígenas que están en el Convenio 169 de la OIT, que firmó Carlos Salinas cuando era presidente y ratificó el Senado. Esa ley es aplicable en México”.
Leyó el artículo 39 de la Constitución, el primer párrafo del 4º y la parte correspondiente del Convenio 169, y expresó: “Nosotros no estamos violando la ley, son ellos los que están violando el artículo 39, el 4º y el Convenio 169 ¿De qué nos van a castigar? Los comisarios están buscando la forma de vivir pacíficamente, de transitar con tranquilidad por los caminos. Estamos dentro de la legalidad. No nos vengan a amenazar. El gobierno debe reconocer nuestros derechos. Lo que deben hacer los funcionarios es ver cómo respetar nuestros derechos.
“Nosotros hemos logrado que desaparezcan los asaltos, y el abigeato ha disminuido en 60 por ciento. Y con los delincuentes, la diferencia es que nosotros no les pedimos dinero, ni manejamos la tortura como lo hacen los funcionarios del gobierno, ni los garrotes, ni los toques eléctricos. Los detenidos de nosotros no salen torturados, salen con consejos de los principales”.
Los funcionarios se molestaron por las intervenciones de las autoridades y los representantes indígenas. Se sintieron ofendidos, dijeron que no estaban aquí “para escuchar insultos”, se pusieron de pie y se disponían a abandonar la cancha de basquetbol donde bajo los rayos del sol se realizó la reunión. Pero las autoridades les pidieron que se quedaran hasta que terminara la asamblea.
Ese domingo en la mañana hubo tensión, ante la presencia en la región indígena de decenas de policías del estado, y porque en la madrugada desconocidos dispararon 30 balazos frente a las oficinas de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán.
Se corrió la versión de que los subprocuradores pretendían llevarse a los detenidos.
Los policías comunitarios concentraron a los reos en la comunidad de Tierra Colorada, para protegerlos.

La Constitución

En la asamblea se leyó el acta de sentencia a cada uno de los detenidos, que comienza con la fundamentación legal del procedimiento, con base en el artículo 39 de la Constitución, que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
También toman como base el Convenio 169 de la OIT, en el artículo referido a la justicia en los pueblos indígenas, y el reconocimiento legal del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas.
Además, el artículo 4º de la Constitución, que dice: “La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley”.