En Costa Chica-Montaña buscan aplicar la ley de la comunidad

El gobierno teme una guerrilla detrás de los policías comunitarios
El Carmen, San Luís Acatlán / Maribel Gutiérrez

El Sur Nº 698
Del 15 al 21 de septiembre de 1997
Pág. 3 y 4

“Que a quien cometa un delito se le aplique la ley de la comunidad y se le castigue con cierto tiempo de trabajo”.
Esta fue una de las principales propuestas hechas en una asamblea de policías comunitarios de 33 pueblos mixtecos y tlapanecos de San Luís Acatlán y Malinaltepec, reunidos el domingo 7 de septiembre en El Carmen, comunidad situada a pocos kilómetros de San Luís Acatlán.
Los policías comunitarios son campesinos que electos en asamblea de los pueblos, y de manera voluntaria, sin recibir algún pago y con sus propios recursos, prestan el servicio de seguridad pública en los caminos de la montaña que llevan a las comunidades mixtecas y tlapanecas. Aunque algunos andan uniformados y llevan insignias que dicen “Una nueva forma de protección y seguridad”, reunidos parecen un ejército indígena. Todos tienen aspecto de campesinos, armados para defenderse, y más cuando afirman que responden a su pueblo, que los eligió en asamblea, y no al gobierno. Probablemente por eso, desde que surgieron a mediados de 1995, en distintos momentos el gobierno ha intentado acusarlos de guerrilleros, y ha manifestado su temor de que pueda haber en esta región algún levantamiento armado, principalmente después de 1994, cuando surgió el EZLN, y de 1996, cuando surgió el EPR.
La existencia misma de las policías comunitarias, y la propuesta de castigar a los delincuentes de acuerdo a la costumbre de los pueblos indígenas surgió por la desconfianza y el descrédito que tienen la policía judicial y los agentes del Ministerio Público, y es parte del ejercicio de la autonomía.
Con este método, los indígenas de la región han logrado resolver lo más grave del problema de inseguridad. Hace dos años había asesinatos, asaltos y violaciones, que han ido disminuyendo hasta presentarse sólo como casos aislados.
Los más recientes, que se analizaron en asamblea del 7 de septiembre son el robo de ganado y el tráfico de 3 kilos de marihuana. El 29 y 30 de agosto se movilizaron varios grupos de policías comunitarios y recuperaron dos mulas que habían sido robadas al señor Armando Huerta, y atraparon a uno de los abigeos que fue entregado al Ministerio Público.
Otros grupos, peinando la barrancas y cañadas hacia la colonia Hidalgo, siguiendo las huellas de unas mulas, y capturaron a tres personas con trayectoria delictiva: Hipólito Cabrera y los hermanos Marcos y Guillermo Hernández Carbajal, a quienes les encontraron dos mochilas con cerca de 3 kilos de marihuana. También, en los terrenos de Hipólito encontraron varias cabezas de ganado con documentos falsos, y en una barranca localizaron otros objetos robados.
El lunes 1º de septiembre, en una asamblea de autoridades, vecinos, policías comunitarios y organizaciones sociales, realizada en Tlaxcalixtlahuaca, se acordó llevar a los detenidos, cinco vacas, tres becerros, dos mulas y todo lo decomisado ante las autoridades de Malinaltepec. Varios grupos de policías comunitarios se trasladaron a la cabecera de ese municipio de La Montaña, acompañados por comisarios que llevaron el acta de asamblea “para exigir que la ley de aplique con fuerza en verdad”.
Pero la desconfianza persiste. Algunos dudan de que el Ministerio Público y el juez puedan hacer justicia, y otros están convencidos de que no lo harán.
Por eso, se planteó en la asamblea de El Carmen: “Nos queremos manejar con la ley del propio pueblo. Pero el agente del Ministerio Público no nos va a aceptar, por eso queremos la fuerza de los comisarios”.
“Queremos que nuestra ley de las comunidades tenga validez”.
“El Ministerio Público favorece a los delincuentes en sus declaraciones; ladean todo en favor de la gente que comete algún delito. Donde está el mal mayor es en el Ministerio Público, y en la Procuraduría General de Justicia no hay ni pies ni cabeza”.
En la misma asamblea se descartó la justicia por propia mano, porque las comunidades rechazan la violencia.

En cambio, se aprobó que los comisarios tengan reuniones con la gente de sus pueblos y convenzan “a los elementos negativos para que se calmen”. Acordaron también realizar una próxima asamblea, con los comisarios y policías comunitarios, para analizar la propuesta de actuar frente a la delincuencia con base en la costumbre de los pueblos.

La complicidad de policías con delincuentes trajo la formación de la policía comunitaria

Todo empezó con protestas de mixtecos y tlapanecos contra la impunidad
La formación de las policías comunitarias en comunidades de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec comenzó con las protestas de comunidades mixtecas y tlapanecas por la creciente ola delictiva y la violencia en la región.
Con base en la costumbre indígena, se vieron obligadas a buscar una manera propia de resolver el problema, ante las evidencias de que la policía motorizada del estado y la judicial estaban en complicidad con los delincuentes  no actuaban para combatirlos.

Había una ola delictiva
El 12 de septiembre de 1995, campesinos de 17 comunidades mixtecas y tlapanecas se reunieron en San Luis Acatlán para denunciar la creciente ola delictiva y de violencia en la región Costa Chica-Montaña, y demandar la salida de grupos de la Policía Judicial del Estado, que en esos días se habían desplegado en el área para intimidar a los dirigentes de las organizaciones sociales.
En un comunicado, las principales organizaciones sociales de la región: Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, Unión Regional Campesina de la Costa Chica-Montaña, Sociedad de Solidaridad Social de Productores de Café y Maíz, Consejo Comunitario de Abasto, Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña, así como el Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, denunciaron que “la violencia y la inseguridad social han venido creciendo en forma alarmante en los dos últimos años”.
Presentaron una relación de hechos violentos, en la que destaca que se han cometido 24 asesinatos en las comunidades de Cuanacaxtitlán, Yoloxóchitl y en la cabacera municipal, la mayoría en 1994.
Afirmaron que los homicidios, violaciones, asaltos, abigeato, robo y allanamiento de morada, se cometían “ante la pasividad y cierta complicidad de las autoridades municipales y judiciales”.
Indicaron que de todos estos delitos han presentado denuncias en la agencia del Ministerio Público, incluso, “las propias autoridades comunitarias han detenido a varios delincuentes en los hechos, pero las autoridades los dejan en libertad”. Por ello, afirmaron que las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado son cómplices de la delincuencia, en lugar de combatirla.

El primer acuerdo
El 20 de septiembre de 1995, autoridades y representantes de 25 localidades indígenas de cinco municipios de la Costa Chica y La Montaña acordaron la formación de grupos de policía comunitaria, para hacer frente al grave problema de la inseguridad y la violencia, y rechazaron el envío de efectivos de la policía motorizada que el gobierno del estado intenta descentralizar, como respuesta del gobernador Rubén Figueroa a una parte de la recomendación 104/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enviada con motivo de la matanza de Aguas Blancas.
Los representantes de comunidades de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Azoyú, Ayutla y Tlacoapa, organizados en el Consejo Regional 500 Años de Resistencia Indígena, la Unión Regional Campesina, la SSS de Productores de Café y Maíz, el Consejo Comunitario de Abasto y la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de La Montaña, dieron a conocer un documento, aprobado en una reunión el 17 de septiembre, en el que demandan la desaparición de la policía Motorizada, porque “es anticonstitucional y no nos garantiza seguridad a la sociedad civil de esta región”.
Para garantizar la seguridad, demandan la “capacitación y equipamiento (con armamento, uniforme, radio comunicación) y pago de honorarios a las autoridades y policías locales o comunitarias”, cuyos integrantes son elegidos en cada poblado con la participación de los ciudadanos.

Aparece el planteamiento de autonomía
El 15 de octubre de 1995 autoridades de 40 comunidades y representantes de seis organizaciones sociales de la región Costa Chica-Montaña decidieron crear grupos de policía comunitaria, con base en el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
Para adoptar esa medida, que ya se está aplicando en comunidades y caminos de seis municipios, las autoridades y representantes argumentaron que el gobierno del estado no responde a las demandas de seguridad pública que con insistencia plantearon las comunidades indígenas (tlapanecas y mixtecas) de esa región.
La resolución se adoptó en la asamblea de autoridades y representantes el 15 de octubre, en la comunidad tlapaneca de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec.
Asimismo, los representantes reunidos ratificaron la demanda de la disolución de la Policía Motorizada del Estado, a la que consideran anticonstitucional, y señalan que en muchas ocasiones es la que provoca la violencia.
A la reunión convocada por las cinco organizaciones sociales se sumó el Consejo de Autoridades Indígenas.
Se acordó que los grupos de policía comunal suburbanos –que son electos por asamblea en cada pueblo– van a dedicarse al resguardo de los caminos, con base en el artículo 4º de la Constitución y al Convenio 169 de la OIT, que establecen el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de las comunidades indígenas.
Para su funcionamiento tendrán como respaldo el acta de la asamblea en la que fueron electos, con una relación de los policías comunales y de las armas con las que trabajan, avalada por los pueblos y por las organizaciones sociales, que piden a la Policía Judicial, a la Motorizada y al Ejército, el respeto para los grupos de policía comunal.

En actividad
A principios de 1996 funcionaban grupos de policía comunitaria en 13 localidades. Las organizaciones sociales y los pueblos pedían al gobierno estatal y federal su reconocimiento, y planteaban esta forma de organización para la seguridad como expresión de la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas en Guerrero.
Grupos como el de Pueblo Hidalgo, San José Vista Hermosa, Rancho Viejo, funcionaban ya con armas que consiguieron por sus propios medios, y fueron electos democráticamente en asamblea.
Desde el 15 de agosto de 1995, cuando se acordó crear las policías comunitarias, hasta febrero de 1996, sólo hubo tres asaltos en los caminos de La Montaña, donde antes había dos o tres diariamente.

Los desarma el Ejército y las policías del estado
El 21 de diciembre de 1996, tropas del Ejército Mexicano desarmaron a los grupos de policías comunitarias de Buenavista y Horcasita, del municipio de San Luis Acatlán, y un día antes encañonaron a los integrantes de una comisión que visitaba la región indígena para informar sobre la demanda de automonía.
El Consejo Guerrerense 500 Años demandó la salida del Ejército de esta región de Guerrero, en la que desde el 12 de diciembre se desplagaron efectivos militares, después de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) realizó una campaña de propaganda armada para difundir su propuesta política en comunidades de la Costa Chica.

Repercuten acciones de grupo armado
Las policías comunitarias fueron desarmadas por tropas del Ejército los primeros días de julio de 1997, antes de las elecciones federales del 6.
La presencia militar en el área y del desarme fueron motivados por los enfrentamientos de finales de mayo entre el EPR y tropas del Ejército federal.
Los soldados entraron a Pueblo Hidalgo, Tuxtepec y Buenavista, comunidades de La Montaña, y recogieron las armas a las policías comunitarias, que sirven para la defensa de los pueblos. (Maribel Gutiérrez).